Seguidores

jueves, 26 de abril de 2012

Abril


Autor: Luis Iglesias Pérez

Hay días del calendario que, por años que pasen, siguen y seguirán manteniendo viva en nuestros corazones una llama de rebeldía, un haz de luz que, por oscuros que pudieran tornarse los tiempos en los que nos toque vivir, ilumina el espacio en el que albergamos la esperanza por un futuro mejor, la certeza de que un mundo más justo es un ideal alcanzable y por el que merece la pena luchar. Todo esto se conjura en abril. El mes en el que estalla la primavera definitivamente.

Explotaron las calles de toda España en estas fechas. Era un martes del abril de 1931 el día en que, por segunda vez, la República fue proclamada en plazas y avenidas entre el júbilo de millones de personas. El día en que el pueblo se sacudió de encima, ya sumido en una fiesta, un régimen autoritario que duró demasiado. No será tampoco casualidad que fuera un mes de abril cuando Azaña, Domingo, Casares Quiroga y otros miles de hombres y mujeres más fundaron el partido Izquierda Republicana.

Es el 23 de abril una jornada que acapara en sí multitud de eventos. Se celebra por todo el mundo el Día del Libro, fecha para reconciliarse con la lectura o ampliar horizontes buscando nuevos títulos. Castilla reivindica la figura de los comuneros caídos contra el absolutismo, más al este se festeja el Día de Aragón mientras la vecina Cataluña se entrega a la celebración de su día de Sant Jordi con el bullicio de ramblas y avenidas, redescubriéndose este día año tras año entre rosas y nuevos libros.

Y también hay claveles, que tuvieron su propia revolución. Fueron los portugueses quienes marcaron una fecha imborrable para todos los que luchan contra la opresión al derrocar en 1974 la dictadura más vieja de Europa, régimen el cual se derrumbó en cuestión de horas. Era el 25 de abril (un día que Italia conmemora su ‘Día de la Liberación’ tras la Segunda Guerra Mundial), cuando los soldados portugueses que se levantaban contra sus tiranos lucían las flores en los cañones de las armas.

Se cumplen 38 años del hito portugués. Ahora, los habitantes de unos y otros rincones del territorio ibérico, en la Europa del euro, padecemos los negros nubarrones de la crisis que hacen languidecer no ya la economía, sino la sociedad entera. Ahora, como desde los años 40 a mediados de los 70 del siglo pasado, pareciera que nuestros caminos siguen discurriendo paralelos, atravesando una densa y plomiza niebla en la que ni se aventura una salida ni se sabe cómo de lejos queda, siendo los padecimientos, en forma de recortes al estado y a los servicios públicos, el pan de cada día. Tanto es el malestar causado en Portugal por la situación que hay muchos que han renunciado a las conmemoraciones institucionales por el aniversario de la Revolución, como signo de protesta ante la deriva del país, que está desmontando, por imposición de una troika económica que manda más que su gobierno democrático, todo lo que se construyó desde esa fecha. Y muchos ya se preguntan, ¿hace falta un nuevo 25 de abril? Reinventar el impulso que supuso aquella fecha, el romper con las ataduras que se arrastraban, ¿vuelve a ser algo necesario?

Una pregunta que lanzada desde las orillas del atlántico, retumba por toda la península, buscándose en todas partes la respuesta, pues el diagnóstico de los problemas que atravesamos es compartido con Portugal.

Quizá sea momento de poner en común la búsqueda de soluciones conjuntas como vía para consolidar una salida más allá de esta calamidad. Cabe recordar que estamos en abril, mes que invita a abstraerse por un momento en recordar aquellos eventos y jornadas en las que uno se reinventa y saca lo mejor de sí mismo para echar abajo las barreras que nos separan del progreso. Hay que conjurarse a ese rayo de esperanza, a esa certeza de que hay otra forma de construir el futuro. Los republicanos, demócratas a uno y otro lado de la frontera entre España y Portugal (frontera que cada día separa menos), hayamos en este mes motivos sobrados de inspiración para buscar remedios a la situación actual, que presentan misma valoración e idéntica deriva. Como ya hicimos todos, en un mes de abril.

miércoles, 25 de abril de 2012

Repsol no es España


Autor: Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.

Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.
Desde que fue privatizada, Repsol tiene su cerebro y su alma puestos en otros lugares e intereses y no se puede decir que haya sido España en su conjunto quien se haya beneficiado de su actividad empresarial. Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas española al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes.

Es por ello una perversión inaudita que el gobierno y ex políticos en su nómina salgan a defenderla y que no dijeran nada cuando Repsol actuaba de esa manera lesiva para la economía nacional.

Y si la actuación en España de Repsol ha resultado tan escasamente beneficiosa para nuestros intereses nacionales su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que los españoles “de bien y como Dios manda”, por utilizar la expresión que tanto le gusta a Mariano Rajoy, hubieran condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías, especialmente, por cierto, en las tierras que en los discursos oficiales tanto alabamos considerándolas como nuestras hermanas. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen Patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que poder llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación.

¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos?

En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.

Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario.

Y la defensa numantina que ahora quiere hacer de Repsol el gobierno resulta verdaderamente patética y vergonzosa cuando día a día se somete sin más a los mercados, a los bancos que han provocado la crisis, a los grandes grupos empresariales y al gobierno alemán que impone medidas totalmente lesivas para los intereses españoles. ¡Eso sí que merecería una respuesta valiente y patriota por parte de nuestro gobierno y de los medios de comunicación!

Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones.

Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.

lunes, 2 de abril de 2012

El PP aprueba lo que calificaba en 2010 como "impresentable, injusto y antisocial": la Amnistía al fraude fiscal



"Si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos que les van a subir los impuestos y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra" (Cospedal)

César Pérez Navarro - Tercera Información

En Junio de 2010, María Dolores de Cospedal decía en rueda de prensa que "lo que es impresentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado a hacienda. Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales".

Por su parte, Mariano Rajoy afirmaba que "lo que España necesita para atraer financiación y capital no es una amnistía fiscal, sino confianza en la política económica del país y en el Gobierno que la debe implementar".

Era la reacción del PP al intento del gobierno Zapatero de amnistía a las rentas más altas y grandes empresas, que son las que defraudan el 70% del total de las decenas de miles de millones que anualmente pierde el Estado español por no combatir el fraude fiscal.

Tras la huelga general, la respuesta del gobierno de PP era anunciar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más austeros de la democracia, que suponen un recorte de 27.300 millones de euros con los que el gobierno pretende llegar, mediante ajustes y medidas como subir la luz o algunos impuestos, al objetivo de déficit impuesto por Bruselas del 5,3% del PIB. Sin embargo, una de las medidas anunciadas ya está generando indignación: precisamente, la amnistía fiscal de la mayor parte del fraude.

Dolores de Cospedal dice ahora que la medida “va a ser buena para todos los ciudadanos”.

La propuesta consiste en un "gravamen especial" del 8% o el 10% para el capital que retorne a España desde los paraísos fiscales o que esté oculto dentro del país, evitando de esta forma cualquier tipo de sanción. Esta medida, con la que el Gobierno de Rajoy espera recaudar 2.500 millones de euros cuando deberían recaudarse 25.000 millones, o cualquier otra cantidad que se estime (si son 3.700 según otras fuentes, deberían recaudarse 37.000, que es el dinero evadido a la hacienda española) ha hecho reaccionar a los inspectores de Hacienda, quienes la han calificado como "muy injusta" e incluso "anticonstitucional". Los técnicos de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechazan frontalmente la medida porque el efecto perverso de la misma: "cualquier defraudador queda exonerado de cualquier penalización o sanción", de manera que se está incentivando el fraude fiscal en el futuro, y en España está por encima de la media europea.

Según los técnicos, esta medida es "muy injusta" porque va contra el artículo 31 de la Constitución: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, señala dicho artículo. "Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria", afirman. Por último, puede provocar un "derrumbe" de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos, perjudicando a la economía española.

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha considera por su parte que además de atentar contra el principio constitucional de igualdad tributaria, supone un "agravio comparativo" para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10% y evitando intereses, recargos y sanciones.

La actitud del PP es similar a la que ha tenido con la aprobación de la nueva reforma laboral de manera unilateral. En 2011, Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba de la reforma laboral del PSOE: "el decreto del gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir, y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación".



Por la boca muere el pez